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LAS CRISIS DEL CAPITALISMO DEMOCRÁTICO

Chen Wen Ling, Bull Fart. Escultura

Chen Wen Ling, Bull Fart. Escultura

 

El colapso del sistema financiero estadounidense en 2008 se ha ido convirtiendo desde entonces en una crisis económica y política de dimensiones globales1. ¿Cómo debería conceptualizarse este acontecimiento que está sacudiendo el mundo? La economía que se enseña y estudia en las principales universidades tiende a suponer que la sociedad está gobernada por una tendencia general al equilibrio y que las crisis y mutaciones que en ella acontecen no son más que desviaciones coyunturales del estado estacionario de un sistema normalmente bien integrado; pero un sociólogo no está sometido a tales restricciones. En lugar de imaginar nuestros actuales padecimientos como una perturbación pasajera de una situación fundamentalmente estable, consideraré la «Gran Recesión»2 y el subsiguiente cuasi-colapso de las finanzas públicas como manifestación de una tensión subyacente básica en la configuración político-económica de las sociedades capitalistas avanzadas; tensión que convierte en regla, más que excepción, el desequilibrio y la inestabilidad, y que viene expresándose en una sucesión histórica de perturbaciones del orden socio-económico. Más concretamente, argumentaré que la crisis actual solo se puede entender en el marco de la transformación intrínsecamente conflictiva que se está produciendo en la formación social que llamaré «capitalismo democrático».

El capitalismo democrático no se consolidó hasta después de la Segunda Guerra Mundial y aun entonces solo en parte del hemisferio «occidental»: Norteamérica y Europa occidental. Allí funcionó extraordinariamente bien durante dos décadas; tan bien, de hecho, que aquel periodo de crecimiento económico ininterrumpido sigue dominando todavía nuestras ideas y expectativas de lo que es, o podría y debería ser, el capitalismo moderno, pese a que, a la luz de las turbulencias que le siguieron, el cuarto de siglo inmediatamente posterior a la guerra debería verse como algo verdadera- mente excepcional. De hecho, sugiero que la situación normal del capitalismo democrático no es la de les trente glorieuses*, sino la serie de crisis posteriores, una situación gobernada por un conflicto endémico entre los mercados capitalistas y la política democrática, que se puso de manifiesto cuando el elevado crecimiento económico llegó a su fin en la década de 1970. En lo que sigue analizaré primero la naturaleza de ese conflicto y luego examinaré la sucesión de perturbaciones político-económicas a él asociadas que precedieron y configuraron la crisis global actual.

1. ¿MERCADOS VERSUS VOTANTES?

Las sospechas de que capitalismo y democracia no se acoplan fácilmente no son precisamente nuevas. Desde el siglo XIX y hasta bien entrado el XX, la burguesía y la derecha política expresaron su temor de que el gobierno de la mayoría, que suponía inevitablemente el de los pobres sobre los ricos, acabaría suprimiendo la propiedad privada y el mercado libre. Por su parte, la clase obrera en ascenso y la izquierda política advirtieron que los capitalistas podían aliarse con las fuerzas de la reacción para abolir la democracia, a fin de evitar ser gobernados por una mayoría permanente entregada a la re- distribución económica y social. No examinaré aquí la justeza relativa de esas dos posiciones, aunque la historia sugiere que, al menos en el mundo industrializado, la izquierda tenía más razones para temer que la derecha liquidara la democracia a fin de salvar el capitalismo, que la derecha a temer que la izquierda aboliera el capitalismo por el bien de la democracia. En cualquier caso, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial se asumía de forma generalizada que para que el capitalismo fuera compatible con la democracia debía estar sometido a un riguroso control político –por ejemplo, la nacionalización de las empresas y sectores clave, o la «co-determinación» [Mitbestimmung] de los trabajadores, como en Alemania–, a fin de evitar que la propia democracia se viera limitada en nombre del libre mercado. Mientras que Keynes, y en cierta medida Kalecki y Polanyi, parecían triunfar, Hayek se retiró a un exilio temporal en Chicago.

Desde entonces, no obstante, la economía dominante se ha obsesionado con la «irresponsabilidad» de políticos oportunistas que tratan de satisfacer a un electorado económicamente ignorante, interfiriendo en mercados que de otro modo serían muy eficientes, en procura de objetivos –como el pleno empleo y la justicia social– que el mercado libre acaba- ría ofreciendo a largo plazo de no ser por las distorsiones provocadas por las injerencias políticas. Las crisis económicas, según la teoría estándar dominante de la «opción pública», se deben esencialmente a intromisiones políticas que distorsionan el mercado buscando objetivos sociales3. Según esa opinión, se debería dejar a los mercados al margen de in- terferencias políticas; sus lamentables distorsiones derivan de un exceso de democracia; más exactamente, de que políticos irresponsables pretendan llevar la democracia a la economía, donde no tiene nada que hacer. Pocos irían hoy día tan lejos como Hayek, que en sus últimos años propuso abolir la democracia tal como la conocemos en defensa de la libertad económica y las libertades civiles, sin embargo el cantus firmus de la actual teoría económica neoinstitucionalista es en general hayekiano. Para funcionar adecuadamente, el capitalismo requiere una política económica sometida a reglas, con protección de los mercados y derechos de propiedad constitucionalmente consagrados frente a injerencias políticas discrecionales; autoridades reguladoras independientes; bancos centrales firmemente protegidos frente a presiones electorales; e instituciones internacionales, como la Comisión Europea o el Tribunal Europeo de Justicia, que no tengan que preocuparse por la reelección popular. Tales teorías evitan cuidadosamente la cuestión crucial de cómo llegar allí desde aquí; muy probablemente por- que no tienen respuesta, o al menos ninguna que puedan hacer pública.

Hay varias formas de conceptualizar las causas subyacentes del antagonismo entre capitalismo y democracia. A este nivel de análisis, entenderé el capitalismo democrático como una economía política gobernada por dos principios o regímenes en conflicto de asignación de los recursos: uno que opera según la «productividad marginal», en función de los méritos manifestados en el «juego libre de las fuerzas de mercado»; y el otro basado en las necesidades o derechos sociales, expresados en las opciones colectivas de la política democrática. En el capitalismo democrático los gobiernos deben supuestamente obedecer a ambos principios simultáneamente, aunque de hecho casi nunca coincidan del todo. En la práctica suelen privilegiar durante un tiempo uno de ellos postergando el otro, hasta que se ven castigados por las consecuencias: los gobiernos que no atienden a las reivindicaciones democráticas de protección y redistribución corren el riesgo de perder el apoyo del electorado, mientras que los que desatienden las exigencias de compensación de los propietarios de los recursos productivos, tal como se expresa en el lenguaje de la productividad marginal, provocan disfunciones económicas cada vez más insostenibles que socavan su apoyo político.

Según la utopía liberal de la teoría económica predominante, la tensión entre esos dos principios de distribución presentes en el capitalismo democrático se supera convirtiendo la teoría en lo que Marx habría llamado una fuerza material. Desde ese punto de vista la economía, como «conocimiento científico», enseña a los ciudadanos y políticos que la verdadera justicia es la justicia del mercado, que recompensa a cada uno según su contribución, en lugar de juzgar sus necesidades como derechos. En la medida en que la teoría económica quedó aceptada como una teoría social, «se hizo cierta» como conjunto de enunciados performativos, revelando así su naturaleza esencialmente retórica como instrumento persuasivo de construcción social. En el mundo real, sin embargo, no fue tan fácil apartar a la gente de sus creencias «irracionales» en derechos sociales y políticos no sometidos a la ley del mercado y al derecho de propiedad. Hasta la fecha, las nociones no mercan- tilizadas de justicia social se han resistido a los esfuerzos de racionalización económica, por mucha contundencia que éstos hayan cobrado en la edad de plomo del neoliberalismo triunfante. La gente se niega tozudamente a renunciar a la idea de una economía moral que los hace sujetos de derechos por encima de los resultados de los intercambios de mercado4. De hecho, siempre que tienen la posibilidad –como sucede más pronto o más tarde en una democracia viva– tienden de una forma u otra a insistir en la primacía de lo social sobre lo económico; en que los compromisos y obligaciones sociales sean protegidos de las presiones del mercado en pro de la «flexibilidad»; y en que la sociedad satisfaga las expectativas humanas de vida sin someterse a la dictadura de las siempre fluctuantes «órdenes del mercado». Esto es posiblemente lo que Polanyi describía en The Great Transformation* como «contratendencia» opuesta a la mercantilización del trabajo.

Para la economía dominante, desórdenes como la inflación, el déficit público y el endeudamiento excesivo, público o privado, son el resultado de un conocimiento insuficiente de las leyes que gobiernan la economía como máquina de creación de riqueza, o de desobedecer tales leyes en una búsqueda egoísta de poder político. Por el contrario, las teorías de la economía política –en la medida en que se toman en serio la política y no son únicamente teorías funcionalistas de la eficiencia– conciben la asignación de recursos determinada por el mercado solo como un tipo de régimen político-económico, regido por los intereses de los que poseen recursos productivos escasos y disponen así de una firme posición de mercado. Quienes disponen de escaso peso económico pero podrían alcanzar un gran poder político prefieren en cambio un régimen distinto, la asignación planificada en función de las necesidades. Desde esta perspectiva, la economía dominante no es sino la exaltación teórica de un orden social político-económico al servicio de los que disponen de poder de mercado, pues equipara sus intereses al interés general; representa las reclamaciones distributivas de los propietarios de capital productivo como imperativos técnicos de la buena –esto es, científicamente sólida– gestión económica. Para la economía política, en cambio, la presentación que la economía dominante hace de las disfunciones económicas como consecuencia de una brecha entre los principios tradicionalistas de la economía moral y los principios modernos y racionales es tendenciosa y falsa, porque oculta el hecho de que la economía «económica» es también una economía moral, al servicio de quienes disponen de las palancas de mando en el mercado.

En el lenguaje de la economía predominante, las crisis aparecen como un castigo ante el fracaso de los gobiernos que no respetan las leyes naturales, auténticas gobernantes de la economía. Pero una teoría de la economía política digna de ese nombre percibe en cambio las crisis como manifestaciones de las «reacciones kaleckianas» de los propietarios de recursos productivos ante la intrusión de la política democrática en sus dominios, tratando de impedirles que exploten plenamente su poder de mercado y violando así sus expectativas de una justa recompensa por su astuta asunción de riesgos5. La teoría económica estándar trata la estructura social y su distribución de intereses y poder como algo exógeno, supuestamente constante y por tanto invisible; para los propósitos de la «ciencia» económica, ambas vendrían dadas naturalmente. La única política que tal teoría puede considerar implica intentos oportunistas, o cuando menos incompetentes, de sustraerse a las leyes económicas; la buena política económica sería, por definición, apolítica. El problema es que esa opinión no es compartida por muchos para quienes la política es un recurso muy necesario frente a los mercados, cuyas operaciones interfieren con lo que ellos creen que es justo. A menos que se les persuada de algún modo de que la economía neoclásica es el modelo indiscutible para lo que es y debe ser la vida social, sus reivindicaciones políticas expresadas democráticamente diferirán de las prescripciones de la teoría económica estándar. La conclusión es que aunque una economía suficientemente descontextualizada puede modelarse como algo que tiende al equilibrio, no se puede hacer lo mismo con una economía política, a menos que sea privada de democracia y gobernada por una dictadura platónica de reyes-economistas. La política capitalista ha hecho cuanto podía, como veremos, por sacarnos del desierto del oportunismo democrático corrupto para llevarnos a la tierra prometida de los mercados autorregula- dos; pero hasta ahora la resistencia democrática se mantiene, y con ella las distorsiones que origina continuamente en nuestras economías de mercado.

 

1 Ese artículo fue presentado en el European University Institute de Florencia como una de las «Lecciones Max Weber» de 2011. Agradezco a Daniel Mertens su ayuda.

2 Véase Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, This Time Is Different: Eight Centuries of Finan- cial Folly, Princeton, 2009. 

* La expresión trente glorieuses hace referencia al periodo de gran crecimiento económico y pleno empleo que conoció el mundo occidental tras la Segunda Guerra Mundial y que se pro- longó hasta la primera crisis del petróleo. Esta expresión fue popularizada por el economis- ta francés Jean Fourastié, autor de Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975, 1979. [N. del T.]

3 La referencia clásica es James Buchanan y Gordon Tullock, The Calculus of Consent: Logi- cal Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor (MI), 1962.

4 Véanse Edward Thompson, «The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century», Past & Present 50/1 (1971); y James Scott, The Moral Economy of the Peasant: Rebe- llion and Subsistence in Southeast Asia, New Haven (CT), 1976. El alcance exacto de tales de- rechos varía obviamente según las diversas circunstancias sociales e históricas.
* Ed. cast.: La gran transformación, Madrid, La Piqueta, Madrid, 1989; también México DF, FCE, 22003. [N. del T.]

5. En un ensayo pionero [«Political Aspects of Full Employment», Political Quarterly 14/4 (1943)], Michal/ Kalecki señalaba la «confianza» de los inversores como factor crucial que determina el rendimiento económico. En su opinión ésta depende de que sus expectativas de beneficio en cada momento sean fiablemente sancionadas por la distribución de poder político y las inicia- tivas a las que da lugar. Las disfunciones económicas –el desempleo en el caso de Kalecki– sobrevienen cuando los capitalistas ven amenazadas sus expectativas de beneficio por la interferencia política. Las políticas «equivocadas» en este sentido dan lugar a una pérdida de con- fianza de los propietarios de capital, que a su vez puede ocasionar una huelga de inversiones. La perspectiva de Kalecki permite modelar una economía capitalista como un juego interacti- vo, a diferencia de un mecanismo natural o maquínico. Desde ese punto de vista, el momen- to en que los capitalistas reaccionan de forma adversa a la asignación no mercantil retirando sus inversiones no debe ser considerado fijo y matemáticamente predecible, sino que puede ser negociable, dependiendo por ejemplo de su nivel de aspiraciones, históricamente cambian- te, o de cálculos estratégicos. Por eso fracasan tan a menudo las predicciones basadas en mo- delos económicos universalistas, esto es, histórica y culturalmente imperturbables, pues supo- nen parámetros fijos cuando en realidad están socialmente determinados.